La gobenadora de Arizona Jan Brewer, admitió que "hay imperfecciones que posiblemente pueden ser arregladas" en la norma rechazadas por la Justicia y cuestionadas por la Casa Blanca.
Brewer, afirmó que habló con sus legisladores de las cámaras estatales sobre la posibilidad de llamar a una sesión especial para "ajustar" la ley antiinmigrante a los argumentos de la jueza Susan Bolton para bloquear sus puntos más controvertidos.
"Creemos que la ley SB1070 es constitucional, pero (Bolton) sin duda señaló imperfecciones que posiblemente pueden ser arregladas, y eso es lo que haríamos", confirmó Brewer a la agencia AP. "Sería de forma muy clara y definida, simple", agregó.
La gobernadora aclaró que aún no se discutieron específicamente las posibles modificaciones, y que en caso de hacerlas trabajaría con su propio equipo jurídico y con líderes legisladores republicanos.
Sin embargo, figuras legislativas destacadas del partido de Brewer reaccionaron con extrema cautela a sus declaraciones.
El republicano Kirk Adams, presidente de la Cámara de Representantes, señaló que por ahora hay poco consenso entre sus colegas republicanos para debilitar la ley. La idea "es embrionaria", advirtió.
El presidente del Senado, Bob Burns, expresó que necesita saber mucho más "sobre las ramificaciones jurídicas y políticas" antes de apoyar la realización de una sesión especial para tratar el tema.
"El beneficio debe pesar más que el riesgo", agregó, aunque aseguró que él mismo recomendó a Brewer que estudiara posibles cambios.
Mientras tanto, la Justicia informó que la audiencia que atenderá la apelación que hizo Arizona al fallo de la jueza Bolton tendrá lugar recién en la primera semana de noviembre, en sintonía con los deseos al respecto de la Casa Blanca.
Brewer había pedido un proceso sumarísimo, argumentando que la apelación implica un asunto de "suma importancia" ya que se trata del derecho del estado para implementar una ley que atendería "el daño irreparable que sufre Arizona como resultado de una inmigración descontrolada e ilegal".
Su reclamo tendrá que esperar. Por esa razón, la gobernadora piensa en esta nueva estrategia para salvarle la vida a la controvertida norma que criminaliza a los inmigrantes ilegales. Fuente: SMN
Brewer, afirmó que habló con sus legisladores de las cámaras estatales sobre la posibilidad de llamar a una sesión especial para "ajustar" la ley antiinmigrante a los argumentos de la jueza Susan Bolton para bloquear sus puntos más controvertidos.
"Creemos que la ley SB1070 es constitucional, pero (Bolton) sin duda señaló imperfecciones que posiblemente pueden ser arregladas, y eso es lo que haríamos", confirmó Brewer a la agencia AP. "Sería de forma muy clara y definida, simple", agregó.
La gobernadora aclaró que aún no se discutieron específicamente las posibles modificaciones, y que en caso de hacerlas trabajaría con su propio equipo jurídico y con líderes legisladores republicanos.
Sin embargo, figuras legislativas destacadas del partido de Brewer reaccionaron con extrema cautela a sus declaraciones.
El republicano Kirk Adams, presidente de la Cámara de Representantes, señaló que por ahora hay poco consenso entre sus colegas republicanos para debilitar la ley. La idea "es embrionaria", advirtió.
El presidente del Senado, Bob Burns, expresó que necesita saber mucho más "sobre las ramificaciones jurídicas y políticas" antes de apoyar la realización de una sesión especial para tratar el tema.
"El beneficio debe pesar más que el riesgo", agregó, aunque aseguró que él mismo recomendó a Brewer que estudiara posibles cambios.
Mientras tanto, la Justicia informó que la audiencia que atenderá la apelación que hizo Arizona al fallo de la jueza Bolton tendrá lugar recién en la primera semana de noviembre, en sintonía con los deseos al respecto de la Casa Blanca.
Brewer había pedido un proceso sumarísimo, argumentando que la apelación implica un asunto de "suma importancia" ya que se trata del derecho del estado para implementar una ley que atendería "el daño irreparable que sufre Arizona como resultado de una inmigración descontrolada e ilegal".
Su reclamo tendrá que esperar. Por esa razón, la gobernadora piensa en esta nueva estrategia para salvarle la vida a la controvertida norma que criminaliza a los inmigrantes ilegales. Fuente: SMN
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