El proyecto de la Ley de Propiedad Social abre la puerta a nuevas expropiaciones de bienes y empresas.
Además, prevé la militarización de los trabajadores
El Gobierno venezolano emprendió un vuelco hacia la economía socialista y hay alarma por el proyecto de Ley de Propiedad Social, que abre la puerta a nuevas confiscaciones de empresas y bienes y que, según cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales, permitirá al Ejecutivo arrasar con la propiedad privada.
El proyecto de Ley de Propiedad Social, en el que trabaja desde abril la mayoría oficialista en el Parlamento, faculta al Gobierno a "declarar la utilidad pública y el interés social de bienes, materiales e infraestructuras que se determinen susceptibles de ser declarados de propiedad social, para asegurar, mediante la producción socialista, la satisfacción de las necesidades sociales y materiales de la población".
El borrador de la ley también establece que el Ejecutivo "podrá decretar la expropiación forzosa, mediante justa indemnización", de los bienes "cuya actividad productiva no se corresponda con los intereses nacionales y el modelo socioproductivo".
El proyecto despertó gran inquietud y encuestas recientes, incluidas las oficialistas reflejan que más del 70% de la sociedad venezolana apoya la existencia de la propiedad privada y rechaza las medidas confiscatorias del Gobierno.
Los redactores del proyecto plantean la posibilidad de crear "ejércitos industriales", planteada por Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista. Sostienen que además de "asumir el compromiso del trabajo productivo por la patria" y de "formarse técnicamente para el manejo de las empresas socialistas", el proyecto de ley establece que será deber de los trabajadores "formarse militarmente para la defensa de la soberanía nacional".
La nómina petrolera debería ir a la vanguardia de este ejército, en caso de que a los marines norteamericanos se les ocurra desembarcar en puertos venezolanos según lo expresó el presidente de Petróleos de Venezuela y, a su vez, ministro de Energía, Rafael Ramírez.
"El comandante Chávez ha hecho un llamado a que los trabajadores se incorporen en la milicia nacional. Tienen que estar los trabajadores porque es importante que sepan los enemigos de la revolución, el imperialismo norteamericano, que la industria petrolera está al servicio de nuestro pueblo. No vamos a permitir que nos la quiten", arengó el ministro a sus empleados.
Pero esa clase obrera revolucionaria llamada a conducir las industrias no creció al mismo ritmo que el capital de este Estado petrolero y pese a los esfuerzos del Partido Socialista Unido de Venezuela, la revolución no logró en 10 años, hacerse con una base sindical sólida, y las reivindicaciones laborales en el sector público según informa el diario español El País en su versión on line.
Ante ello, el Gobierno también se planteó sustituir a los sindicatos por "comités socialistas de trabajadores" con los que el Estado-patrón sí estaría en disposición de negociar contratos y salarios.
A lo que el mismo Ramírez señaló que "los comités socialistas son una línea del comandante Chávez, son una línea de nuestro partido. No puede haber ninguna empresa bajo control estatal que no tenga comité socialista. Quien no tenga comité socialista es sospechoso de estar conspirando contra esta revolución". Fuente: IB
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