Una vez más el organismo internacional denunció a los regímenes de Chávez y los Castro ante la OEA por no respetar los derechos humanos
El informe, presentado hoy por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluye el denominado Capítulo IV, que llama la atención sobre aquellos Estados que deben mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos.
En cuanto a Venezuela , la CIDH resalta de nuevo la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos, y que no se ha garantizado a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente al Gobierno.
La Comisión destaca que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política y que no existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor.
La CIDH alega que se ha impedido el goce efectivo de los derechos políticos en Venezuela con mecanismos que restringen las oportunidades de acceso al poder de los candidatos disidentes, y se han impulsado acciones para limitar algunas de las competencias de autoridades electas de la oposición.
El organismo apunta, asimismo, a "una preocupante tendencia" a castigar, intimidar y agredir a personas con represalias por haber expresado su disenso con las políticas oficiales.
Asimismo, la CIDH determina la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres. A juicio de la Comisión, todos estos aspectos han contribuido al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela.
En relación a Cuba, la CIDH reitera que el embargo "debe terminar" por el impacto que tiene en los derechos humanos, pero recalca que eso no exime a La Habana de cumplir sus obligaciones.
Durante el año pasado hubo nuevos casos de presos políticos denuncia la CIDH, que señala, además, que varios de los 75 opositores condenados en la llamada "Primavera Negra" de 2003 sufren problemas de salud sin que se les provea de una adecuada atención médica.
Insta de nuevo a La Habana a ordenar la liberación inmediata de los que aún permanecen detenidos y a declarar nulas sus condenas.
Por otro lado, la CIDH reitera su preocupación porque en Cuba siga habiendo más de 20 periodistas presos, y por actos de hostigamiento contra miembros de "las Damas de Blanco".
Por último, con respecto a Haití, la CIDH expresa de nuevo su preocupación por la seguridad pública, la administración de justicia, la impunidad y la situación de personas vulnerables.
Las deficiencias estructurales e institucionales requieren reformas y asistencia, afirma la CIDH, que sostiene que la ineficacia de la justicia, la corrupción y la importante falta de recursos financieros y humanos contribuyen a un entorno de impunidad que afecta la capacidad del Estado de garantizar y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El informe completo puede consultarse en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009eng/TOC.htm. Fuente: EFE
El informe, presentado hoy por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluye el denominado Capítulo IV, que llama la atención sobre aquellos Estados que deben mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos.
En cuanto a Venezuela , la CIDH resalta de nuevo la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos, y que no se ha garantizado a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente al Gobierno.
La Comisión destaca que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política y que no existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor.
La CIDH alega que se ha impedido el goce efectivo de los derechos políticos en Venezuela con mecanismos que restringen las oportunidades de acceso al poder de los candidatos disidentes, y se han impulsado acciones para limitar algunas de las competencias de autoridades electas de la oposición.
El organismo apunta, asimismo, a "una preocupante tendencia" a castigar, intimidar y agredir a personas con represalias por haber expresado su disenso con las políticas oficiales.
Asimismo, la CIDH determina la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres. A juicio de la Comisión, todos estos aspectos han contribuido al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela.
En relación a Cuba, la CIDH reitera que el embargo "debe terminar" por el impacto que tiene en los derechos humanos, pero recalca que eso no exime a La Habana de cumplir sus obligaciones.
Durante el año pasado hubo nuevos casos de presos políticos denuncia la CIDH, que señala, además, que varios de los 75 opositores condenados en la llamada "Primavera Negra" de 2003 sufren problemas de salud sin que se les provea de una adecuada atención médica.
Insta de nuevo a La Habana a ordenar la liberación inmediata de los que aún permanecen detenidos y a declarar nulas sus condenas.
Por otro lado, la CIDH reitera su preocupación porque en Cuba siga habiendo más de 20 periodistas presos, y por actos de hostigamiento contra miembros de "las Damas de Blanco".
Por último, con respecto a Haití, la CIDH expresa de nuevo su preocupación por la seguridad pública, la administración de justicia, la impunidad y la situación de personas vulnerables.
Las deficiencias estructurales e institucionales requieren reformas y asistencia, afirma la CIDH, que sostiene que la ineficacia de la justicia, la corrupción y la importante falta de recursos financieros y humanos contribuyen a un entorno de impunidad que afecta la capacidad del Estado de garantizar y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El informe completo puede consultarse en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009eng/TOC.htm. Fuente: EFE
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