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Alberto Ravell, miembro del directorio de Globovisión, denunció que la orden de detención contra el presidente de la cadena obedece a "la misma táctica chavista de siempre: tapar un escándalo con otro"
"Es algo bochornoso arremeter contra el presidente de Globovisión", dijo en el periodista Alberto Ravell en comunicación telefónica con la argentina Radio 10.
"El gobierno decidió que el es un acaparador de carros, cuando es de conocimiento público que Guillermo Zuloaga tiene una concesionaria y que los automóviles no son un bien que escaseen ni de primera necesidad, como argumentan desde el chavismo".
"Dicen incluso que de detenerlo, quieren llevar al presidente de Globovisión a una cárcel de máxima seguridad", explicó.
"El caso es traído de los pelos. Es llamativo, que como siempre, cuando el gobierno tiene un escándalo como el de ahora, que empezaron a aparecer comida y medicina podrida '' se habla de 3.000 contenedores'' y que representan una evidente mala practica, y actos de corrupción, se lo persiga a Zuloaga. O sea, lo que vimos repetidamente: el chavismo siempre tapa un escándalo con otro", sentenció.
Por otro lado, el periodista recordó que en Venezuela no hay división de poderes, que hasta instituciones como el Banco Central dependen de las directivas de Hugo Chávez y que ese brazo se extiende hasta horizontes indefinidos.
"Hicimos una página y en pocas horas teníamos 120 mil visitas únicas. Poco nos duró, porque fue rapadamente hackeada, y ahora estamos viendo si la podemos ponerla online nuevamente. Esto nos da una pauta de que no sólo Chávez controla todo, sino que internet también", concluyó.
En la nochye del viernes, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se presentaron en la residencia del presidente del canal Globovisión con la orden de encarcelarlo junto con su hijo.
Si bien los agentes aseguraron que la medida fue dictada por el Tribunal décimo tercero de control de Caracas, la representante legal del canal, Perla Jaimes, señaló que no llevaban orden de allanamiento.
No obstante, permitieron el ingreso de una comisión de no más de tres funcionarios a la casa.
El excusa oficial de la orden de detención responde a una causa abierta en mayo de 2009 contra Zuloaga y su hijo por "acaparamiento" de autos. Durante ese mes, la policía incautó en el domicilio del empresario vehículos importados 0km, supuestamente destinados a la venta.
Chávez no dudó entonces de acusar al empresario de estar escondiendo los coches a la espera de una suba de precios.
Pero Zuloaga, quien no se encontraba en la vivienda durante el allanamiento de la noche del viernes, sería eb realidad víctima de una persecución del gobierno de Hugo Chávez, según explicó su abogada personal, Adriana Nuñez.
La magistrado explicó que la situación es totalmente irregular y presumió que la acción pudo haberse generado como consecuencia de las declaraciones del mandatario venezolano, quien recordó que el empresario lo había acusado, en un foro internacional, de haber mandado a matar a los manifestantes del 11 de abril de 2002 y, a pesar de eso, "estaba libre".
"No hemos logrado tener acceso a los expedientes del caso, hemos enviado a nuestros abogados a revisarlos, pero no se nos ha dado acceso", señaló Nuñez quien explicó que el procedimiento se debió realizar con al presencia de un juez de control, "sin embargo hay una irregularidad total y zozobra por la presencia de policías acordonando la zona", apuntó.
Por sus dichos, Zuloaga, que fue imputado por el presunto delito de ofensa y vilipendio al presidente de la República, fue detenido el 25 de marzo, aunque ese mismo día el Tribunal 40 de control de Caracas lo dejó en libertad con una medida de prohibición de salida del país, mientras proseguía la investigación.
Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), consideró la situación como muy delicada.
"Ciertamente no podemos entender por qué se ha tomado esta acción. Todo indica que las estas actividades contra Globovisión y el señor Zuloaga tienen que ver con declaraciones que el dio fuera del país", comentó Aguirre. Y agregó: "Es muy preocupante que esto ocurra cuando una persona ejerce el derecho universal de la libertad de expresión".
"Es algo bochornoso arremeter contra el presidente de Globovisión", dijo en el periodista Alberto Ravell en comunicación telefónica con la argentina Radio 10.
"El gobierno decidió que el es un acaparador de carros, cuando es de conocimiento público que Guillermo Zuloaga tiene una concesionaria y que los automóviles no son un bien que escaseen ni de primera necesidad, como argumentan desde el chavismo".
"Dicen incluso que de detenerlo, quieren llevar al presidente de Globovisión a una cárcel de máxima seguridad", explicó.
"El caso es traído de los pelos. Es llamativo, que como siempre, cuando el gobierno tiene un escándalo como el de ahora, que empezaron a aparecer comida y medicina podrida '' se habla de 3.000 contenedores'' y que representan una evidente mala practica, y actos de corrupción, se lo persiga a Zuloaga. O sea, lo que vimos repetidamente: el chavismo siempre tapa un escándalo con otro", sentenció.
Por otro lado, el periodista recordó que en Venezuela no hay división de poderes, que hasta instituciones como el Banco Central dependen de las directivas de Hugo Chávez y que ese brazo se extiende hasta horizontes indefinidos.
"Hicimos una página y en pocas horas teníamos 120 mil visitas únicas. Poco nos duró, porque fue rapadamente hackeada, y ahora estamos viendo si la podemos ponerla online nuevamente. Esto nos da una pauta de que no sólo Chávez controla todo, sino que internet también", concluyó.
En la nochye del viernes, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se presentaron en la residencia del presidente del canal Globovisión con la orden de encarcelarlo junto con su hijo.
Si bien los agentes aseguraron que la medida fue dictada por el Tribunal décimo tercero de control de Caracas, la representante legal del canal, Perla Jaimes, señaló que no llevaban orden de allanamiento.
No obstante, permitieron el ingreso de una comisión de no más de tres funcionarios a la casa.
El excusa oficial de la orden de detención responde a una causa abierta en mayo de 2009 contra Zuloaga y su hijo por "acaparamiento" de autos. Durante ese mes, la policía incautó en el domicilio del empresario vehículos importados 0km, supuestamente destinados a la venta.
Chávez no dudó entonces de acusar al empresario de estar escondiendo los coches a la espera de una suba de precios.
Pero Zuloaga, quien no se encontraba en la vivienda durante el allanamiento de la noche del viernes, sería eb realidad víctima de una persecución del gobierno de Hugo Chávez, según explicó su abogada personal, Adriana Nuñez.
La magistrado explicó que la situación es totalmente irregular y presumió que la acción pudo haberse generado como consecuencia de las declaraciones del mandatario venezolano, quien recordó que el empresario lo había acusado, en un foro internacional, de haber mandado a matar a los manifestantes del 11 de abril de 2002 y, a pesar de eso, "estaba libre".
"No hemos logrado tener acceso a los expedientes del caso, hemos enviado a nuestros abogados a revisarlos, pero no se nos ha dado acceso", señaló Nuñez quien explicó que el procedimiento se debió realizar con al presencia de un juez de control, "sin embargo hay una irregularidad total y zozobra por la presencia de policías acordonando la zona", apuntó.
Por sus dichos, Zuloaga, que fue imputado por el presunto delito de ofensa y vilipendio al presidente de la República, fue detenido el 25 de marzo, aunque ese mismo día el Tribunal 40 de control de Caracas lo dejó en libertad con una medida de prohibición de salida del país, mientras proseguía la investigación.
Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), consideró la situación como muy delicada.
"Ciertamente no podemos entender por qué se ha tomado esta acción. Todo indica que las estas actividades contra Globovisión y el señor Zuloaga tienen que ver con declaraciones que el dio fuera del país", comentó Aguirre. Y agregó: "Es muy preocupante que esto ocurra cuando una persona ejerce el derecho universal de la libertad de expresión".
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