El director General de Coca e Industrialización admitió que el gobierno de La Paz no cuenta con los recursos para combatir el uso ilegal de la hoja.
Desde el Ejecutivo ya habían revelado que el 40% de lo cosechado termina en manos de los narcotraficantes.
Luis Cutipa, el director de la Digoin, detalló el desvío de la coca en una entrevista con el diario boliviano La Razón.
"Entre El Locotal (a 90 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, la tercera del país) y el mercado legal de Sacaba, la coca se queda en el camino y se desvía.
Lo mismo pasa con la coca de Los Yungas en La Paz. Pasa todo el producto por el sector de la Rinconada (a 23 kilómetros de la Paz), pero no toda llega al mercado legal de Villa Fátima", advirtió.
Además, el funcionario de Evo Morales identificó a Yapacaní (localidad ubicada a 130 kilómetros de Santa Cruz) como otra de las rutas de desvío al mercado ilegal, ya que el producto no llega al mercado minorista de Cotoca (en Santa Cruz) o Villa Montes (en Tarija).
Cutica también informó que en la populosa ciudad de El Alto, lindante con La Paz, "la hoja prensada se desvía a fábricas de cocaína que están ubicadas en casas particulares".
Sin embargo, aun con la información detallada, Cutipa confesó que no cuenta con los recursos para frenar el desvío. "No tenemos vehículos, ni ítems o apoyo logístico para hacer un seguimiento al producto", admitió.
Y agregó que "son más de 11 mil comerciantes de hoja de coca a nivel nacional y es imposible controlarlos con un número de 140 personas del Grupo Especial de Control de Coca (GEC) y las 120 del DIGCOIN, entre administrativos y verificadores". "Necesitamos más apoyo", manifestó.
El viceministro de Defensa de Bolivia, Felipe Cáceres detalló el último 4 de noviembre –en una entrevista con el diario digital Erbol–, que "de acuerdo con los datos que maneja la DIGCOIN, casi un 65% (de la hoja de coca) se va al acullico (masticado tradicional y legal)".
Y admitió que "entre un 35% a 40%, con un margen de error del 5%, va al problema ilegal (narcotráfico)". El diario La Razón calculó que ese 35/40% del que habla el funcionario significaría casi 11 mil hectáreas cultivadas para el mercado ilegal (ver nota relacionada).
Otro de los que admitió el desvío de la producción hacia el narcotráfico es el propio vicepresidente boliviano.
El 19 de septiembre, en una entrevista para medios estatales, Álvaro García Linera declaró que "entre el 1,5 y el 3% del total de la economía boliviana puede venir de ingresos del narcotráfico".
Explicó que esos porcentajes representan de 300 a 700 millones de dólares del PBI (estimado en 17 mil millones).
En junio, la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) dio a conocer un informe que contabilizó 54.628 toneladas métricas cosechadas en el año 2009.
Casi 20 mil de ellas pasaron por el mercado legal, mientras que en el resto no fue controlada por el Gobierno.
Desde el Ejecutivo ya habían revelado que el 40% de lo cosechado termina en manos de los narcotraficantes.
Luis Cutipa, el director de la Digoin, detalló el desvío de la coca en una entrevista con el diario boliviano La Razón.
"Entre El Locotal (a 90 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, la tercera del país) y el mercado legal de Sacaba, la coca se queda en el camino y se desvía.
Lo mismo pasa con la coca de Los Yungas en La Paz. Pasa todo el producto por el sector de la Rinconada (a 23 kilómetros de la Paz), pero no toda llega al mercado legal de Villa Fátima", advirtió.
Además, el funcionario de Evo Morales identificó a Yapacaní (localidad ubicada a 130 kilómetros de Santa Cruz) como otra de las rutas de desvío al mercado ilegal, ya que el producto no llega al mercado minorista de Cotoca (en Santa Cruz) o Villa Montes (en Tarija).
Cutica también informó que en la populosa ciudad de El Alto, lindante con La Paz, "la hoja prensada se desvía a fábricas de cocaína que están ubicadas en casas particulares".
Sin embargo, aun con la información detallada, Cutipa confesó que no cuenta con los recursos para frenar el desvío. "No tenemos vehículos, ni ítems o apoyo logístico para hacer un seguimiento al producto", admitió.
Y agregó que "son más de 11 mil comerciantes de hoja de coca a nivel nacional y es imposible controlarlos con un número de 140 personas del Grupo Especial de Control de Coca (GEC) y las 120 del DIGCOIN, entre administrativos y verificadores". "Necesitamos más apoyo", manifestó.
El viceministro de Defensa de Bolivia, Felipe Cáceres detalló el último 4 de noviembre –en una entrevista con el diario digital Erbol–, que "de acuerdo con los datos que maneja la DIGCOIN, casi un 65% (de la hoja de coca) se va al acullico (masticado tradicional y legal)".
Y admitió que "entre un 35% a 40%, con un margen de error del 5%, va al problema ilegal (narcotráfico)". El diario La Razón calculó que ese 35/40% del que habla el funcionario significaría casi 11 mil hectáreas cultivadas para el mercado ilegal (ver nota relacionada).
Otro de los que admitió el desvío de la producción hacia el narcotráfico es el propio vicepresidente boliviano.
El 19 de septiembre, en una entrevista para medios estatales, Álvaro García Linera declaró que "entre el 1,5 y el 3% del total de la economía boliviana puede venir de ingresos del narcotráfico".
Explicó que esos porcentajes representan de 300 a 700 millones de dólares del PBI (estimado en 17 mil millones).
En junio, la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) dio a conocer un informe que contabilizó 54.628 toneladas métricas cosechadas en el año 2009.
Casi 20 mil de ellas pasaron por el mercado legal, mientras que en el resto no fue controlada por el Gobierno.
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