El gobierno de Raúl Castro "continúa persiguiendo de forma constante a los periodistas independientes", denuncia el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en un nuevo informe publicado en los Estados Unidos y dedicado exclusivamente a la situación de la prensa en la isla, titulado "Tras la Primavera Negra, una nueva ola de represión en Cuba".
"Si bien el gobierno ha cambiado sus tácticas para suprimir información y las opiniones independientes, no ha abandonado sus prácticas restrictivas dirigidas a reprimir el libre flujo informativo", subraya la organización con sede en Nueva York.
Entre los métodos utilizados ahora, se incluyen los "arrestos arbitrarios, detenciones de corto plazo, golpizas, campañas de desprestigio, seguimientos y sanciones sociales", destaca el CPJ.
Aunque esta "nueva estrategia represiva" no ha atraído aún la "atención internacional" por tener un "perfil más bajo" que las detenciones masivas realizadas en marzo de 2003 contra 75 disidentes, conocida como la Primavera negra, "la represión del gobierno es constante y significativa", alerta el CPJ.
Tampoco la esperada llegada de la banda ancha a Cuba este verano boreal se espera que vaya a producir grandes mejoras en la libertad de expresión o acceso a la información, advierte el organismo protector de los periodistas.
Según el CPJ, el gobierno cubano "se ha mostrado decidido a preservar un acceso a la web sesgado en su favor".
El principal problema es que la extensión del cable de fibra óptica realizado por Venezuela en los últimos años "no extenderá la conectividad al público", señala al respecto la organización.
"Pero el gobierno y su legión de blogueros en la red alcanzarán una mayor ventaja tecnológica sobre las voces críticas" al "optimizar las conexiones existentes en organismos de gobierno, universidades y sitios oficiales en lugar de incrementar la conectividad en general", agrega.
Frente a ello, continúa el CPJ, los periodistas independientes "se verán obligados a usar costosos accesos a Internet en hoteles, conexiones clandestinas en el mercado negro o acceso ofrecido por embajadas extranjeras, con sus connotaciones políticas", tal como ha venido sucediendo hasta ahora.
En su extenso informe, el CPJ realiza numerosas "recomendaciones" tanto al gobierno cubano como a la comunidad internacional.
A La Habana le insta a "poner fin a la utilización de detenciones, violencia física, vigilancia y campañas de desprestigio contra periodistas y blogueros independientes" además de derogar las leyes "usadas para encarcelar a periodistas y disidentes políticos injustamente".
Asimismo, urge a Cuba a "cumplir con su obligación como signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de permitir a los periodistas trabajar en paz y sin temor a represalias", aparte de garantizar el acceso generalizado a Internet y permitir a los blogueros alojar sus sitios en servidores cubanos, entre otros.
El CPJ clama a la comunidad internacional a ser más exigente a la hora de monitorear y exigir responsabilidades a Cuba sobre la situación de los periodistas no oficiales y la libertad de prensa en general.
Entre otros, exige al Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas a "pedir autorización para evaluar el estado de las libertades de prensa y expresión en Cuba, e informar sobre sus hallazgos y recomendaciones".
Una petición que también extiende a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
A la Unión Europea la llama a reclamar con más fuerza la libertad de expresión y acceso a Internet generalizado en Cuba.
Y, en un mensaje especialmente dirigido a España, principal receptora de los disidentes de la Primavera negra excarcelados desde el año pasado, pide "crear un ambiente de bienvenida en el ámbito de la UE para los cubanos disidentes excarcelados y forzados al exilio", así como "facilitar su acceso a programas de asistencia y entrenamiento financiados por la UE".
Finalmente, llama al Gobierno de los Estados Unidos, a hacer verdad sus promesas de facilitar las nuevas tecnologías en la isla permitiéndole a empresas estadounidenses establecer cables de fibra óptica e instalaciones satelitales, así como "asegurar" que su política en apoyo a la disidencia es "abierta y transparente", entre otros. Fuente: DPA
"Si bien el gobierno ha cambiado sus tácticas para suprimir información y las opiniones independientes, no ha abandonado sus prácticas restrictivas dirigidas a reprimir el libre flujo informativo", subraya la organización con sede en Nueva York.
Entre los métodos utilizados ahora, se incluyen los "arrestos arbitrarios, detenciones de corto plazo, golpizas, campañas de desprestigio, seguimientos y sanciones sociales", destaca el CPJ.
Aunque esta "nueva estrategia represiva" no ha atraído aún la "atención internacional" por tener un "perfil más bajo" que las detenciones masivas realizadas en marzo de 2003 contra 75 disidentes, conocida como la Primavera negra, "la represión del gobierno es constante y significativa", alerta el CPJ.
Tampoco la esperada llegada de la banda ancha a Cuba este verano boreal se espera que vaya a producir grandes mejoras en la libertad de expresión o acceso a la información, advierte el organismo protector de los periodistas.
Según el CPJ, el gobierno cubano "se ha mostrado decidido a preservar un acceso a la web sesgado en su favor".
El principal problema es que la extensión del cable de fibra óptica realizado por Venezuela en los últimos años "no extenderá la conectividad al público", señala al respecto la organización.
"Pero el gobierno y su legión de blogueros en la red alcanzarán una mayor ventaja tecnológica sobre las voces críticas" al "optimizar las conexiones existentes en organismos de gobierno, universidades y sitios oficiales en lugar de incrementar la conectividad en general", agrega.
Frente a ello, continúa el CPJ, los periodistas independientes "se verán obligados a usar costosos accesos a Internet en hoteles, conexiones clandestinas en el mercado negro o acceso ofrecido por embajadas extranjeras, con sus connotaciones políticas", tal como ha venido sucediendo hasta ahora.
En su extenso informe, el CPJ realiza numerosas "recomendaciones" tanto al gobierno cubano como a la comunidad internacional.
A La Habana le insta a "poner fin a la utilización de detenciones, violencia física, vigilancia y campañas de desprestigio contra periodistas y blogueros independientes" además de derogar las leyes "usadas para encarcelar a periodistas y disidentes políticos injustamente".
Asimismo, urge a Cuba a "cumplir con su obligación como signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de permitir a los periodistas trabajar en paz y sin temor a represalias", aparte de garantizar el acceso generalizado a Internet y permitir a los blogueros alojar sus sitios en servidores cubanos, entre otros.
El CPJ clama a la comunidad internacional a ser más exigente a la hora de monitorear y exigir responsabilidades a Cuba sobre la situación de los periodistas no oficiales y la libertad de prensa en general.
Entre otros, exige al Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas a "pedir autorización para evaluar el estado de las libertades de prensa y expresión en Cuba, e informar sobre sus hallazgos y recomendaciones".
Una petición que también extiende a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
A la Unión Europea la llama a reclamar con más fuerza la libertad de expresión y acceso a Internet generalizado en Cuba.
Y, en un mensaje especialmente dirigido a España, principal receptora de los disidentes de la Primavera negra excarcelados desde el año pasado, pide "crear un ambiente de bienvenida en el ámbito de la UE para los cubanos disidentes excarcelados y forzados al exilio", así como "facilitar su acceso a programas de asistencia y entrenamiento financiados por la UE".
Finalmente, llama al Gobierno de los Estados Unidos, a hacer verdad sus promesas de facilitar las nuevas tecnologías en la isla permitiéndole a empresas estadounidenses establecer cables de fibra óptica e instalaciones satelitales, así como "asegurar" que su política en apoyo a la disidencia es "abierta y transparente", entre otros. Fuente: DPA
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