Los gobiernos de Bogotá y Washington firmarán antes del fin de semana en la capital colombiana el convenio por el cual tropas norteamericanas podrán utilizar bases militares colombianas"A final de esta semana se va a estar firmando, cuando yo regrese a Bogotá", dijo Gabriel Silva, ministro de defensa de Colombia, en una conferencia de prensa que ofreció en la capital estadounidense acerca del acuerdo que generó fuertes críticas de parte de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos.
Silva explicó que el convenio se firmará una vez que el gobierno colombiano "oiga" la opinión del Consejo de Estado, solicitada por el presidente Alvaro Uribe, aunque advirtió que "es potestad del Ejecutivo" respetar ese dictamen "en su integridad, acoger parcialmente algunas recomendaciones o no acoger ninguna".
La consulta al Consejo de Estado "no es un proceso jurídico" y la recomendación de ese organismo "no es un fallo, es una opinión", aclaró el funcionario, quien opinó que el proceso del acuerdo con Estados Unidos "no ha tenido traumatismos", según un breve comunicado que el Ministerio de Defensa difundió en su sitio web.
El Consejo de Estado es el máximo tribunal en materia contenciosa administrativa y, entre otras funciones, es la instancia a la que "debe recurrir el gobierno antes de tomar ciertas decisiones, no para pedir autorización, sino para saber de su consejo, dictamen u opinión", según consta en la página de internet del organismo.
En un dictamen suscripto por la mayoría de sus integrantes, el Consejo de Estado opinó que el acuerdo "debe cumplir los requisitos formales de un tratado internacional, es decir, ir al Congreso para su ratificación y después pasar a control de la Corte Constitucional".
Asimismo, los jueces recomendaron "ajustar los convenios sobre inmunidad diplomática a los estándares internacionales".
Sobre este tema, Silva dijo el viernes pasado que "se lograron avances significativos para evitar que si se comete un crimen, éste quede impune", según consignó un comunicado del Ministerio de Defensa.
"Por ejemplo, nos permite hacernos parte en esos casos, nos permite pedir levantamiento de inmunidad, nos permite exigir reparación en caso de perjuicios o daños, entonces tiene muchos más dientes este acuerdo que la forma como se venía manejando ese tema en el pasado", añadió el ministro.
Por otra parte, tanto el canciller Jaime Bermúdez ayer como Silva hoy descartaron la posibilidad de que el gobierno someta el acuerdo a la opinión del Congreso y el diario bogotano El Tiempo advirtió que si ello ocurriera, "el inicio de las operaciones norteamericanas (en las bases colombianas) podría dilatarse incluso hasta mediados del próximo año".
El acuerdo será firmado por Bermúdez y probablemente por el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownsfield, según especuló la prensa local luego de que Silva señalara que "no es necesario que viaje alguien desde Estados Unidos" y afirmara que "será el canciller" quien lo suscribirá por Colombia.
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos sostienen que el acuerdo es sólo una herramienta más en la lucha conjunta contra el narcotráfico y el terrorismo, y que responde a la necesidad estadounidense de contar con alguna base en la región luego de que Ecuador no prorrogara el convenio para el uso de Manta.
Sin embargo, la mayoría de los gobiernos de Sudamérica manifestó su preocupación por lo que considera una amenaza para la estabilidad de la región.
Silva anunció que una vez que se firme el convenio, Colombia recibirá de Estados Unidos "algunos recursos técnicos y apoyo financiero en infraestructura".
De hecho, el Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar una partida de 46 millones de dólares para mejorar las instalaciones de la base aérea de Palanquero, en el departamento (provincia) colombiano Cundinamarca, una de las siete unidades militares involucradas en el acuerdo.
No obstante, advirtió que ese dinero no podrá ser utilizado si la intención es que las tropas estadounidenses tengan presencia permanente en Colombia. Fuente: Télam
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