Los diputados que defienden la ley chavista aseguran que será beneficioso para el sector popular, pero en el medio, expropian al mismo sector estas tierras. Sobran denuncias de corrupción y de que los jueces no actúan.El próximo 5 de enero la Asamblea Nacional venezolana podría empezar a tratar el debate en torno a la Ley de Regularización de la Tenencia de Tierra en los Asentamientos Urbanos, que se teme será aprobada sin complicaciones.
"Esta ley es de gran trascendencia y será en beneficio directo de los sectores populares, de la gente más humildes, de nuestro pueblo que ha sido excluido de un derecho fundamental, como es el derecho a la tierra", asegura el diputado oficialista Onorio Dudamel.
Sin embargo, las denuncias por las irregularidades en las expropiaciones pululan. Ante los decretos de afectación dictados por el Ejecutivo chavista, los productores agrícolas también gentes humildes acudieron a la vía judicial para intentar defender sus propiedades, valiéndose de documentos que el propio ente regulador exige, como cadenas titulativas, catastros, o certificados de producción, incluso registrados ante notarías públicas.
Sin embargo, recurrir a los tribunales no significa respuestas a los productores. Román Duque Corredor, ex magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, afirma que "son pocos los casos donde se defiende los derechos de las personas, anulado actos administrativos o dado respuesta oportuna. La vía judicial no es un camino expedito en Venezuela en la actualidad ante la arbitrariedad de los rescates de tierras".
La ley a decretarse, establecería en primer lugar que la tierra no es una mercancía, sino un bien común, de dominio público. Nada de propiedad privada y nada de capitalismo. El problema ahora es de aquellos que por tener alguna cosa, deberán ver cómo el chavismo se la quita. Fuente: IB
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