Hugo Chávez ordena a la Justicia perseguir a todos los que se le opongan en las marchas

Hugo Chávez ordena a la Justicia perseguir y encausar a todos los que se le opongan en las marchas

Tras una instrucción del caudillo bolivariano, la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, anunció que abrirá procesos contra todos aquellos ciudadanos que busquen "desestabilizar al gobierno". Podrían haber penas de 12 a 24 años de prisión

"Todos aquellos ciudadanos que por cualquier motivo marchan y que, sólo buscan desestabilizar al Gobierno constitucionalmente electo serán enjuiciados.

Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el Gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias", dijo la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, mientras moderaba su programa de radio.

En sintonía con el Ministerio Público, que transmite todos los viernes una emisora del Estado. Su opinión es que "(estas) conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil", que la ley venezolana castiga con penas de 12 a 24 años de cárcel.

Los primeros "rebeldes", según el criterio de la fiscal, ya están tras las rejas. El prefecto de la ciudad y 11 trabajadores de la Alcaldía Mayor de Caracas que gobierna el opositor Antonio Ledezma fueron detenidos este miércoles por participar en la marcha que se realizó el sábado 22 de agosto contra la recién aprobada Ley Orgánica de Educación, que resta autonomía a las universidades y establece un sistema para fundar "la nueva conciencia" socialista en las escuelas.

Todos ellos fueron acusados de "obstrucción de la vía pública", "instigación a delinquir" y lesiones contra policías. Según la fiscal, esta protesta, en la que participaron miles de venezolanos, fue convocada por los partidos y organizaciones civiles de oposición para generar "un clima de violencia" y "crear un escenario parecido al del 11 y 12 de abril de 2002, cuando se produjo el golpe de Estado en Venezuela" que sacó a Hugo Chávez del poder durante 48 horas.

Desde 2007, al menos 300 estudiantes fueron detenidos por participar en las manifestaciones contra el cierre del canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV) y contra la reforma constitucional propuesta por Chávez para establecer su reelección indefinida; desde entonces, 256 de ellos deben presentarse ante un juez de forma periódica y tienen prohibido salir del país.

A principios de julio, y también a través de su programa, Luisa Ortega también propuso al Parlamento que aprobara una polémica "ley contra delitos mediáticos" para castigar a los medios de comunicación que difundieran informaciones que "incitaran al odio" o generasen "zozobra" entre la población.