Tegucigalpa. — El gobierno de facto hondureño de Roberto Micheletti gestiona casi normalmente los asuntos nacionales un mes y medio después del golpe de Estado del 28 de junio, pese a la presión de los seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya y de la comunidad internacional.
Micheletti no ha conseguido el reconocimiento de ningún país, pero ha buscado restablecer la normalidad interna y conformar sus equipos de gobierno, mientras continúan operando los poderes Judicial y Legislativo, artífices del derrocamiento de Zelaya.
Aunque las escuelas públicas están paralizadas desde el golpe, las oficinas estatales trabajan normalmente, salvo algunas donde los sindicatos han declarado paros, desacatados por la mayoría de los trabajadores, como los 28 hospitales del país que prestan sus servicios en 80%, según fuentes médicas.
También trabajan normalmente el comercio y las empresas, aunque han sufrido pérdidas superiores a los 100 millones de dólares por la crisis política, según dirigentes del sector privado.
"Aquí todo está normal, no hay ningún problema", afirmó a la AFP Rosa María, mientras atendía frente a una computadora a un abonado de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica por un reclamo de excesivo consumo.
"No se está atendiendo las solicitudes de nuevos clientes, ni reclamos, ni nuevas instalaciones; pero si hay un tubo roto las cuadrillas sí salen a trabajar", expresó el portavoz del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Germán Aragón.
Micheletti respiraría más tranquilo de no ser por las estridentes manifestaciones de los zelayistas, que se han ido apagando en diferentes zonas del país, pero persisten pujantes en la capital y en San Pedro Sula, la segunda ciudad hondureña.
El presidente de facto ha descartado restituir a Zelaya, como lo exige la comunidad internacional, mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se apresta a dar el 31 de agosto el banderillazo inicial de la campaña de las elecciones del 29 de noviembre.
El gobierno de facto confía en resistir hasta las elecciones, pues espera que la comunidad internacional ceda cuando asuma el nuevo gobierno, el 27 de enero, aunque la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros bloques han advertido que no reconocerán a las nuevas autoridades si Zelaya no es restituido antes.
Las universidades funcionan normalmente, excepto la Pedagógica que sirve de cuartel a los manifestantes de la capital, que pese a la represión policial, diariamente marchan exigiendo la vuelta de Zelaya al país y al gobierno.
Desde el golpe, cuatro personas han muerto por la represión o en hechos de violencia política, mientras organismos internacionales denuncian masivas violaciones de los derechos humanos por parte de Micheletti.
La piedra en el zapato del presidente de facto es la comunidad internacional, pues la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea y el Mercosur no han dejado de reclamar la restitución de Zelaya.
Tratando de convencer de que no hubo golpe de Estado sino "una sucesión constitucional" por supuestos abusos de Zelaya, Micheletti ha buscado ganar tiempo. Con tal fin, aceptó el diálogo mediado por el presidente costarricense y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, aunque ha rechazado su propuesta de restituir a Zelaya.
También ha demorado la visita de una misión de cancilleres integrada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, blanco favorito de las críticas del gobierno de facto, luego de Zelaya y del presidente venezolano Hugo Chávez.
El mayor temor del gobierno golpista es perder la estabilidad económica.
El Banco Central de Honduras pronostica una caída del Producto Interno Bruto (PIB) para 2009 de entre -2 a -1%, aunque la inflación parece controlada y se situaría entre 4,5 y 5,5%.
Las remesas familiares, que representan el 25% del PIB, sumaron 1.389 millones de dólares entre enero y julio, 11% menos que en el mismo período de 2008.
Organismos y países han bloqueado la ayuda a Honduras, lo que complica cubrir el presupuesto nacional de 2009 de 5.600 millones de dólares, que contempla un tercio de financiamiento externo. Fuente: AFP
Micheletti no ha conseguido el reconocimiento de ningún país, pero ha buscado restablecer la normalidad interna y conformar sus equipos de gobierno, mientras continúan operando los poderes Judicial y Legislativo, artífices del derrocamiento de Zelaya.
Aunque las escuelas públicas están paralizadas desde el golpe, las oficinas estatales trabajan normalmente, salvo algunas donde los sindicatos han declarado paros, desacatados por la mayoría de los trabajadores, como los 28 hospitales del país que prestan sus servicios en 80%, según fuentes médicas.
También trabajan normalmente el comercio y las empresas, aunque han sufrido pérdidas superiores a los 100 millones de dólares por la crisis política, según dirigentes del sector privado.
"Aquí todo está normal, no hay ningún problema", afirmó a la AFP Rosa María, mientras atendía frente a una computadora a un abonado de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica por un reclamo de excesivo consumo.
"No se está atendiendo las solicitudes de nuevos clientes, ni reclamos, ni nuevas instalaciones; pero si hay un tubo roto las cuadrillas sí salen a trabajar", expresó el portavoz del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Germán Aragón.
Micheletti respiraría más tranquilo de no ser por las estridentes manifestaciones de los zelayistas, que se han ido apagando en diferentes zonas del país, pero persisten pujantes en la capital y en San Pedro Sula, la segunda ciudad hondureña.
El presidente de facto ha descartado restituir a Zelaya, como lo exige la comunidad internacional, mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se apresta a dar el 31 de agosto el banderillazo inicial de la campaña de las elecciones del 29 de noviembre.
El gobierno de facto confía en resistir hasta las elecciones, pues espera que la comunidad internacional ceda cuando asuma el nuevo gobierno, el 27 de enero, aunque la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros bloques han advertido que no reconocerán a las nuevas autoridades si Zelaya no es restituido antes.
Las universidades funcionan normalmente, excepto la Pedagógica que sirve de cuartel a los manifestantes de la capital, que pese a la represión policial, diariamente marchan exigiendo la vuelta de Zelaya al país y al gobierno.
Desde el golpe, cuatro personas han muerto por la represión o en hechos de violencia política, mientras organismos internacionales denuncian masivas violaciones de los derechos humanos por parte de Micheletti.
La piedra en el zapato del presidente de facto es la comunidad internacional, pues la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea y el Mercosur no han dejado de reclamar la restitución de Zelaya.
Tratando de convencer de que no hubo golpe de Estado sino "una sucesión constitucional" por supuestos abusos de Zelaya, Micheletti ha buscado ganar tiempo. Con tal fin, aceptó el diálogo mediado por el presidente costarricense y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, aunque ha rechazado su propuesta de restituir a Zelaya.
También ha demorado la visita de una misión de cancilleres integrada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, blanco favorito de las críticas del gobierno de facto, luego de Zelaya y del presidente venezolano Hugo Chávez.
El mayor temor del gobierno golpista es perder la estabilidad económica.
El Banco Central de Honduras pronostica una caída del Producto Interno Bruto (PIB) para 2009 de entre -2 a -1%, aunque la inflación parece controlada y se situaría entre 4,5 y 5,5%.
Las remesas familiares, que representan el 25% del PIB, sumaron 1.389 millones de dólares entre enero y julio, 11% menos que en el mismo período de 2008.
Organismos y países han bloqueado la ayuda a Honduras, lo que complica cubrir el presupuesto nacional de 2009 de 5.600 millones de dólares, que contempla un tercio de financiamiento externo. Fuente: AFP
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