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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantuvo a Colombia, Cuba, Haití y Venezuela en su lista de países de Latinoamérica que necesitan mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos.La presidenta de la CIDH, la venezolana Luz Patricia Mejía, que presentó el informe en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA, en Washington, destacó hoy los avances democráticos y del "constitucionalismo" en toda la región en las últimas décadas.
No obstante, indicó que estos avances "no han sido suficientes para garantizar la justicia social, ni el pleno goce de los derechos sociales" en la región. El informe anual de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), recoge los avances y retrocesos registrados durante 2008 en materia de derechos humanos en el continente.
La CIDH mantiene a Colombia, Cuba, Haití y Venezuela en el denominado Capítulo IV, donde se citan los países que necesitan mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos.
En el caso de Colombia, la CIDH señala que es consciente de la compleja situación del país tras cinco décadas de violencia y su impacto sobre la población civil, del efecto del narcotráfico en la violencia y de los esfuerzos del Estado para avanzar en la paz.
No obstante, mantiene su preocupación con respecto a los reductos no desmovilizados de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), del fenómeno del rearme y de la formación de nuevos grupos armados.La CIDH también destaca el impacto de la violencia sobre la población civil y en particular de los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas y las comunidades descendientes del continente africano.
Subraya las crecientes denuncias sobre la participación de miembros de la Fuerza Pública colombiana en conductas que violan los derechos humanos, y los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales por parte de los grupos armados y la guerrilla.
La CIDH también destaca el impacto de la violencia sobre la población civil y en particular de los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas y las comunidades descendientes del continente africano.
Cuba, que fue suspendida de su participación en la OEA en 1962, es analizada a efectos del cumplimiento de los derechos fundamentales porque la CIDH entiende que las autoridades de La Habana son responsables jurídicamente ante la Comisión en esta materia.
En su informe, la Comisión reitera que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, a la isla tienen un impacto negativo sobre los derechos humanos de la población cubana, e insiste en que "el embargo debe terminar".Vuelve a manifestar que las restricciones de los derechos políticos, la libertad de expresión y de pensamiento, la ausencia de elecciones y de independencia del poder judicial "configura una situación permanente de trasgresión en Cuba de los derechos fundamentales de sus ciudadanos".
La CIDH insta al Estado cubano a que haga reformas en materia de derechos humanos, adecúe sus normas a los estándares sobre el debido proceso, ordene la liberación "inmediata e condicional" del opositor Óscar Elías Biscet y de los otros detenidos en la llamada "Primavera Negra" de 2003, y declare nulas sus condenas.
Pide, además, medidas para prevenir y evitar los hostigamientos contra los que ejercen el derecho de asociación con fines humanitarios y sindicales, y los que defienden los derechos humanos.
En lo referente a Venezuela, la CIDH critica, una vez más, la negativa del Gobierno a concretar fechas para que pueda realizar una visita al país y analizar la situación de los derechos humanos.
A la CIDH le sigue preocupando la existencia de un ambiente hostil para la disensión política, el hostigamiento a organizaciones no gubernamentales, el funcionamiento de la justicia, obstáculos directos de indirectos a la libertad de expresión, la existencia de leyes que pueden afectar a los derechos básicos y las graves condiciones de los presos.
La CIDH se muestra especialmente preocupada por el incremento en los niveles de inseguridad ciudadana en Venezuela.
En cuanto a Haití, la Comisión señala que la situación en ese país se caracterizó una vez más por los obstáculos considerables que entorpecieron la capacidad del Estado para garantizar el respeto pleno de los derechos humanos. Destaca la crisis alimentaria y los disturbios, la destitución del primer ministro haitiano y su efecto sobre la estabilidad política, así como los desastres naturales ocurridos en 2008.
"Los efectos de estos sucesos han sido devastadores para los medios de vida cotidianos y la supervivencia de los haitianos", menciona la CIDH, que el año pasado recibió 1.323 denuncias y batió un récord con 1.376 casos y peticiones en trámite.
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